Estadísticas clave:
Con una población de casi 130 millones de habitantes, una rica historia y diversidad cultural, y una abundancia de recursos naturales, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande de América Latina.
Está clasificado como un país de renta media-alta centrado en los bienes manufacturados y con acuerdos de libre comercio con unos 50 países, pero depende en gran medida de Estados Unidos, su mayor socio comercial y el destino de unas tres cuartas partes de sus exportaciones. La edad media de la población es relativamente joven, 29 años, y alrededor de una quinta parte de los mexicanos vive en zonas rurales.
Las características geográficas de México lo hacen altamente vulnerable a los impactos adversos del cambio climático -incluyendo un aumento en la intensidad de las sequías, las lluvias y los ciclones tropicales- que han exacerbado las desigualdades en materia de empleo, salud, seguridad alimentaria, suministro de agua, seguridad de la propiedad y prosperidad económica.
Retos socioeconómicos
En las últimas dos décadas, México ha tenido un rendimiento inferior en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza. La pandemia mundial tuvo profundos impactos económicos y sociales en el país y agravó debilidades de larga data, incluyendo altos niveles de informalidad (más del 50% de los mexicanos dependen de empleos informales) y subempleo; una mayor marginación de la fuerza laboral femenina; un impacto significativo en los jóvenes, muchos de los cuales han emigrado a otros países y envían remesas para mantener a sus familias; y grandes segmentos de empleo de baja productividad y bajos salarios.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, los índices de pobreza y las desigualdades regionales siguen siendo elevados -en 2020, el país tenía un índice de Gini de 45,4 puntos, lo que demuestra que la desigualdad en México sigue siendo una de las más altas de los países de la OCDE- y la exclusión financiera, los altos índices de delincuencia, la corrupción y el debilitamiento de las infraestructuras han obstaculizado el desarrollo y el crecimiento.
Aunque la economía creció un 4,8% en 2021 -tras contraerse un 8,2% en 2020-, las perspectivas de crecimiento a medio plazo siguen siendo frágiles. El mercado laboral se está recuperando gradualmente tras los efectos de la pandemia: la tasa de desempleo disminuyó ligeramente hasta algo más del 4% en 2021 y se espera que se mantenga prácticamente estable en 2022.
Los principales sectores de la economía mexicana son los servicios, las manufacturas, el comercio, la agricultura, la minería, la producción de energía y los servicios financieros. Según datos del Banco Mundial, la agricultura representó el 3,8% del PIB del país en 2020 y emplea aproximadamente al 13% de la población activa del país. La industria emplea a una cuarta parte de la población activa y representa algo menos de un tercio del PIB, y el sector de los servicios aporta alrededor del 60% del PIB y emplea a más del 60% de la población activa.
Aunque la pandemia ha tenido un impacto negativo en las ya elevadas tasas de pobreza y exclusión social, el aumento del gasto en programas sociales ha contribuido a atenuar en cierta medida los efectos sobre el empleo, las ventas al por menor y la pobreza. En los últimos años, el Gobierno ha introducido importantes cambios en los programas de asistencia social y de mercado laboral activo, centrándose en la cobertura universal y en las pensiones sociales (no contributivas), así como en el apoyo a los hogares con bajos ingresos, a los jóvenes, a los ancianos y a las personas con discapacidad.
Potencial alcista de los seguros inclusivos
El desarrollo del mercado de seguros de México se ha visto obstaculizado por un crecimiento económico decepcionante y, para muchas personas, la persistencia de la pobreza ha supuesto su exclusión efectiva del mercado de productos financieros formales. En 2020, por ejemplo, la penetración de los seguros de vida y no vida se situaba en torno al 2,6%.
Es evidente la necesidad de desarrollar una cobertura de seguros enfocada a atender las necesidades de los segmentos marginados y más vulnerables de la población y es por ello que tanto el sector público, a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como el sector privado, a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, están trabajando en conjunto para atender los retos que enfrenta la industria. Desde 2018, estos esfuerzos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que tiene como objetivo fortalecer la salud financiera de todos los mexicanos, y actúa como vehículo para promover los servicios financieros, entre ellos los microseguros.
México es uno de los cuatro países prioritarios iniciales identificados por el Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos (IIWG) del Foro de Desarrollo de Seguros (IDF), coordinado por la Secretaría del Microinsurance Network. El IIWG pretende contribuir al crecimiento inclusivo de las economías emergentes y a la resiliencia de sus comunidades vulnerables mediante el desarrollo de soluciones de transferencia de riesgos a medida.
Además, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el FID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de Alemania, anunció el lanzamiento en marzo de 2022 de un proyecto tripartito en México para desarrollar una solución de seguro paramétrico soberano para los pequeños agricultores vulnerables al clima, con el apoyo de inversiones en la financiación de riesgos a largo plazo y el desarrollo del mercado de seguros.
Dado que la penetración de los seguros en México sigue siendo escasa, es absolutamente vital que las asociaciones público-privadas y los socios de desarrollo continúen trabajando en conjunto para impulsar un cambio significativo para cerrar la brecha de protección de las personas.
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